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El caso de la muerte de “Tito” en manos de la 58 Fiscalía

Mario Barrón Cerna es el magistrado que está a cargo del caso. Uno de los investigados es el coronel (r) Jesús Zamudio que no formó parte de Patrulla Tenaz. En tanto, el premier Pedro Cateriano aclaró las dudas y precisó que de acuerdo al fallo de la Corte IDH los comandos no serán procesados y que a lo máximo podrían ser llamados como testigos.

Fue el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien manifestó, el domingo último, que actualmente hay cuatro investigados en la 58ª Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Desde noviembre del año pasado, la 58ª Fiscalía investiga en qué circunstancias murió el terrorista del MRTA Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el mismo que la Corte IDH acaba de señalar que fue ejecutado extrajudicialmente tras el Operativo Chavín de Huántar.

En ese entonces, el fiscal a cargo era Elmer Ríos Luque, quien expidió una resolución para abrir investigación a los responsables del homicidio agravado del subversivo, en abril de 1997, cuando se rescató a los rehenes cautivos en la residencia del embajador japonés, Morihisa Aroki.

Esta decisión se basa en la sentencia de la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Lima, que en octubre del 2012 concluyó que a diferencia de los emerretistas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedara, quienes murieron en combate, "Tito" fue capturado con vida y habría sido posteriormente ejecutado extrajudicialmente, lo que "constituye delito de lesa humanidad".

 Esta sentencia refiere que no se ha establecido la responsabilidad directa en la muerte de "Tito", "pero sí la existencia de una orden que pasó por una cadena de mando". Indica, sin embargo, que ningún comando es responsable de su ejecución, aunque "meridianamente se llega a establecer la participación del personal perteneciente al Servicio de Inteligencia Nacional ajeno a la Patrulla Tenaz", que tuvo a su cargo el Operativo Chavín de Huántar.

 Actualmente la investigación por la muerte de "Tito" está a cargo del fiscal Mario Barrón Cerna. A inicios de este mes, el magistrado Ríos Luque fue asignado a una fiscalía de Lavado de Activos.

MINISTRO ACLARA

Uno de los cuatro investigados en la 58ª Fiscalía es el coronel del Ejército en retiro Jesús Zamudio Aliaga, jefe del llamado escuadrón Júpiter, que tenía como misión cuidar al exasesor Vladimiro Montesinos.

 Aunque no formó parte de la Patrulla Tenaz, no hay duda de su presencia durante el operativo de rescate de los rehenes. Existen varias fotografías tomadas por personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que tuvo bajo su mando, en las que aparece en el interior de la residencia el embajador japonés. Esto pese a que el 2002 aseguró a la revista "Caretas" que tuvo a su cargo la seguridad del perímetro de la residencia.

 Zamudio está prófugo y fue declarado reo contumaz. Él sería uno de los "gallinazos" que, como afirmó el exministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, serían los responsables de la ejecución de "Tito".

 Los otros tres investigados, según el ministro Adrianzén, serían los testigos que en el fuero interno declararon haber visto que el emerretista fue capturado con vida cuando trataba de escapar, mezclándose entre los rehenes. Sin embargo, apareció muerto al final del operativo.

 Se trataría del ex secretario general de la embajada de Japón Hidetaka Ogura, y los dos policías del SIN, Marcial Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso. Los dos últimos afirmaron que le entregaron a "Tito" a Zamudio. Su inclusión no ha podido ser confirmada.

PREMIER DESPEJA DUDAS

El premier Pedro Cateriano despejó las dudas sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Chavín de Huántar y sostuvo que es "absolutamente falso que los comandos vayan a ser procesados".

 Señaló que este tribunal supranacional ha ratificado lo que la Corte Suprema de Justicia había establecido respecto a esta acción militar.

"Quiere decir, que todo lo que realizaron los comandos se encuentra ajustado a ley. Por lo tanto, los comandos, tanto a nivel interno, mediante la Resolución de la Corte Suprema, y a nivel internacional, a través de esta sentencia, no tienen responsabilidad penal".

 Indicó que los comandos, algunos de ellos, a lo máximo podrán ser citados en calidad de testigos, pero ya con esta resolución "el capítulo, desde el punto de vista jurídico y judicial, ha quedado cerrado".

FISCALÍA ESPECIALIZADA

El exprocurador Ronald Gamarra expresó que la Corte IDH ha asumido la sentencia que dictó el Poder Judicial, por lo que la investigación no debería incluir a los comandos, sino a Zamudio y a los que estuvieron bajo su mando.

Explicó que, pese a ello, el magistrado puede llamar a algunos de los integrantes de la Patrulla Tenaz, pero en calidad de testigos. Uno de ellos sería el jefe de la operación, el general José Williams Zapata, y el oficial a cargo de los sectores donde detuvieron al emerretista y en que apareció muerto.

 El exfiscal supremo Avelino Guillén manifestó que por tratarse de un delito de derechos humanos, como  señala el tribunal supranacional, el caso debería pasar al subsistema de derechos humanos.

 Dijo que la 58ª Fiscalía Provincial Penal lleva casos ordinarios, pero una ejecución extrajudicial es grave violación de los derechos humanos, y requiere de un fiscal especializado e investigarse –como ordenó la Corte– de forma eficaz y en un plazo razonable.

HUMALA: NO ANULA FALLO

DE LA JUSTICIA MILITAR

El presidente Ollanta Humala calificó la sentencia de la Corte IDH de favorable ya que legitima la operación Chavín de Huántar, reconociendo que su fin era rescatar a los rehenes de la residencia del embajador japonés sin fines subalternos.

 "No invalida ni anula la sentencia de la justicia militar, que declara inocentes a los comandos. Se ha ratificado que los comandos no son villanos, sino héroes".

 Calificó de positivo que no se haya ordenado pagar reparaciones económicas a los familiares de los emerretistas. Pero refirió que es una mala noticia que se deba cubrir los gastos y costas a las ONG que representaron a los demandantes. "Primero deben pagar ellos lo que le deben al Perú", dijo.

 La directora de Aprodeh, Gloria Cano, respondió que más bien el Estado no les ha pagado las costas de otros casos vistos en la Corte IDH. Reiteró que los US$ 10 mil destinados a Aprodeh serán donados a una entidad caritativa. Agregó que si el Estado no cubre las necesidades de los familiares de los comandos caídos, Aprodeh puede presentar una denuncia con ellos. (La República)