POLITICA

Agua, educación y salud se privatizarían por Acuerdo de Comercio de Servicios

En riesgo. Acuerdo TISA se viene negociando a espaldas de la sociedad civil desde hace dos años e impulsaría que colegios, universidades, hospitales pasen al sector privado.

 

El organismo Internacional de Servicios Públicos (ISP) advirtió que desde hace dos años el Estado peruano se encuentra en proceso de negociación del "Acuerdo de Comercio de Servicios" (TISA por sus siglas en inglés), el cual obligaría a privatizar todos los servicios básicos como educación, salud, agua, entre otros. 

 

Luis Isarra, coordinador de la campaña Tisa para la Región Andina del ISP, afirmó a La República que este acuerdo bilateral es promovido por Estados Unidos y Canadá pero también estarían incluidos los países de la Unión Europea y algunas economías de la región como Colombia, Uruguay y Chile. 

 

Explicó que de concretarse esta iniciativa se eliminarían la presencia estatal de los colegios y universidades nacionales, así como los hospitales del Ministerio de Salud y las empresas estatales, como Petroperú. 

 

"Además, sabemos que hay una cláusula que prohibiría que el Estado ponga una empresa o institución en donde haya inversión privada", agregó. 

Isarra anotó que dicho tratado viene negociándose a espaldas de la Organización Mundial de Comecio (OMC).  

 

Por su parte, Juan José Gorritti, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también se mostró en contra de que Perú suscriba este tratado. 

 

"Este gobierno y los anteriores nos han metido en varios paquetes. Todo empezó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ahora estamos negociando el TPP que ocasionaría el incremento del precio de las medicinas y además está el Tisa que le quitaría derechos tan fundamentales como la educación, la salud y el agua a los peruanos", comentó. 

 

El representante de los trabajadores calificó de "inaceptable" que el gobierno negocie con los servicios fundamentales. 

 

"Para el mundo neoliberal todo es negociable o transable, incluida la educación que compromete el desarrollo y la preparación de las personas", anotó el dirigente. 

 

 Estas declaraciones fueron brindadas durante un foro organizado por la ISP en el que participaron líderes sindicales de diversas regiones del país como Lima, Trujillo, Arequipa, Tacna, entre otros. 

 

La clave

Según la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los participantes de esta negociación representan aproximadamente el 70% del comercio mundial de servicios cuyo interés es promover la liberalización del comercio de servicios por lo que la OMC los ha catalogado como “Really Good Friends of Services” (Verdaderos Buenos Amigos de los Servicios). 

POLITICA

Jueza dirimente decidirá si sigue proceso por Ecoteva

Diligencia. Jueces de Lima Este han dividido sus opiniones y el hábeas corpus se encuentra empatado a dos votos por archivar la investigación y otros dos por continuar el proceso judicial contra Eva Fernenbug, Alejandro Toledo y otros.

 

La jueza superior titular de Lima Este María del Carmen Cornejo Lopera definirá en los siguientes días el destino de la investigación y denuncia fiscal del caso Ecoteva.  Cornejo debe emitir voto dirimente y definitivo en el hábeas corpus presentado por Eva Fernenbug, la suegra del ex presidente Alejandro Toledo. 

Fernenbug solicitó a los jueces de Lima Este anular el caso Ecoteva alegando que se ha vulnerado el plazo razonable de la duración de la investigación fiscal, que se inició en febrero de 2013.

En abril pasado, la juez Elena Mayurí Bocanegra rechazó el pedido de la defensa de Fernenbug, y ahora, en apelación, el caso se encuentra empatado a dos votos en la Sala Superior Penal Descentralizada de Lima Este.

Voto dividido

Los jueces Darío Palacios Dextre y José Romero Viena votaron por confirmar el fallo de la doctora Mayurí Bocanegra, pero, primero Máximo Osorio Arce y, luego, Fredy Gómez Malpartida se pronunciaron a favor de Fernenbug, acogiendo la tesis de la violación del plazo razonable de la investigación.

Como quiera que se necesitan tres votos a favor de una posición para que se emita sentencia, el tribunal convocó a María del Carmen Cornejo como jueza dirimente de esta causa.

A fin de definir su posición, Cornejo escuchó ayer a los abogados de las partes: el abogado Luciano López en representación de Fernenbug y los abogados del Ministerio Público.

La demanda está dirigida contra la fiscal superior Lydia Flores Rezza y el ex fiscal provincial del caso Ecoteva Marco Antonio Cárdenas.

La fiscalía rechaza haber afectado el plazo razonable de la investigación. Indicó que las diligencias se alargaron en el tiempo por la complejidad de las diligencias programadas.

Además, por la pluralidad de personas investigadas, entre ellas el ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp.

Demora

También recordaron que se tuvo que recabar información en el extranjero y que se tuvo que traducir documentos esenciales para la investigación. El representante de la fiscalía subrayó que detrás de esta demanda se encontraría el ex presidente Alejandro Toledo, pues él sería el principal beneficiario si se acoge el hábeas corpus.

Igualmente, se indicó que la investigación ya concluyó y que el 20 de julio se presentó la denuncia respectiva ante los juzgados penales de Lima. El juez Abel Concha está evaluando el documento y la próxima semana definirá si acoge o rechaza la denuncia.

Por su parte, la defensa de Fernenbug recalcó que la denuncia se demoró por deficiencias en la investigación, lo que motivó que la denuncia fiscal sea devuelta por el Poder Judicial en dos ocasiones, en junio del 2014 y en abril del 2015, lo que afectó los derechos de su defendida.

Luego de escuchar con atención a ambas partes, la jueza Cornejo Lopera dejó la causa lista para emitir su voto. Ella dispone de 15 a 30 días útiles para fijar posición y definir el caso Ecoteva.

El juez titular del 16º Juzgado Penal de Lima, Abel Concha Calla, continúa evaluando la denuncia que presentó la fiscal especializada de lavado de activos Manuela Villar Ramírez por el caso Ecoteva.

 

Juez penal esperaría resolución

de hábeas corpus para resolver

La denuncia incluye al ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug,el empresario Josef Maiman, el abogado David Eskenazi, el ex jefe de seguridad presidencial Abraham Dan On y su hijo Shain Dan On.

Si los jueces de Lima Este acogen el hábeas corpus presentado por Fernenbug, se anula la denuncia fiscal y el juez Abel Concha ya no tendría que pronunciarse. De ser rechazada, el juez queda con las manos libres para resolver lo que corresponda. 

POLITICA

Investigarán irregularidades en 

hospitales de la gestión de García

Pendiente. Comisión de Salud que evalúa legalidad de decretos de urgencia para construir hospitales durante el segundo gobierno aprista no descarta citar al ex presidente y a sus ex ministros de Salud.

El parlamentario y presidente de la Comisión de Salud, Aldo Bardález, no descartó que su grupo de trabajo cite al ex presidente Alan García para que fundamente el origen de los decretos de urgencia que suscribió para construir una serie de hospitales durante su segundo gobierno.

El parlamentario consideró importante que García y sus ex ministros de Salud expliquen la naturaleza de estos decretos, pues en el proceso de construcción de estos hospitales la Comisión de Salud ha detectado indicios de presunta sobrevaloración de obras, así como otras irregularidades.

Incluso, algunas de las obras no fueron concluidas por las empresas contratadas a pesar de que se pagó por adelantado.  

Bardález sostuvo que ahora que la comisión tiene 120 días más para obtener un resultado final se priorizará esta investigación. Asimismo, reveló que ha solicitado al presidente del Congreso, Luis Iberico, mayor apoyo logístico, así como la contratación de profesionales para agilizar la investigación de este grave caso. 

El caso es grave 

El congresista y ex presidente de la Comisión de Salud Joaquín Ramírez opinó que el caso de las presuntas irregularidades en la construcción de los hospitales es "algo peor que las denuncias que se hicieron en el caso de los colegios emblemáticos", en el que García  ha sido acusado constitucionalmente por el Congreso.  

Según Ramírez, hay hospitales que no han sido construidos a pesar de que en el régimen aprista se pagó por adelantado hasta el 70% del costo de la obra.   

Es importante precisar que las investigaciones se podrán reiniciar porque el Pleno le otorgó 120 días más de plazo a la Comisión de Salud, que aunque usted no lo crea solo trabajó 46 días en este caso. 

El fujimorismo está a cargo de las investigaciones. Aldo Bardález asegura que esta vez sí habrá resultados de las investigaciones, pues la Mesa Directiva les dará herramientas de trabajo, lo que –según dice– no hizo el ex presidente del Congreso Fredy Otárola.

Irregularidades

Hasta el momento, la Comisión de Salud ha descubierto que los presupuestos de las obras se habrían incrementado sin mayor explicación. 

Por ejemplo, en un inicio un proyecto de construcción costaba 23 millones de dólares, pero luego subió nada menos que a 535 millones de dólares. 

Un "convenio de servicios" firmado por EsSalud con la OIM se inició con más de 20 millones de dólares y luego se incrementó a 194 millones de dólares.  

Otro punto que ha revelado la comisión es que el organismo internacional UNOPS dispuso por 19 meses de recursos públicos. El montó que habría manejado sería de más de 17 millones de dólares.   

Según la comisión, no se sabe qué obras o servicios se realizaron con estos montos.  

En las primeras indagaciones de dicho grupo congresal, la UNOPS ha manejado varios millones de dólares y los funcionarios de EsSalud nunca fiscalizaron en qué se utilizaron.  

Mala adquisición  

En la Comisión de Salud también se recogió el informe de control realizado por la Contraloría General de la República. Son 21 millones de dólares los que se han gastado en la compra de equipos médicos. 

Estos aparatos no operaban por la falta de infraestructura. De acuerdo con el informe de control, "los equipos adquiridos por UNOPS ubicados en las Redes Asistenciales Almenara y Tacna no eran utilizados".  

Según las indagaciones de la comisión, la Constructora Málaga Hnos. S.A. fue declarada ganadora sin contar con los requisitos establecidos en los términos de referencia para la ejecución del proyecto de inversión "Nuevo Hospital Pisco" por más de 33 millones de soles. 

Las inversiones ejecutadas por los convenios que firmó EsSalud con la OIM y UNOPS llegan a 600 millones de soles. El próximo miércoles, la Comisión de Salud reiniciará las investigaciones de este caso, que involucra al gobierno aprista.❧

No existe hospital donde García colocó la primera piedra en 2010

Hasta el día de hoy, el hospital que prometió construir el ex presidente Alan García en Huacho no existe. En ese lugar solo permanece la primera piedra que colocó el líder aprista en el 2010. 

Antes de abandonar el gobierno, Alan García fue duramente criticado por inaugurar obras, incluidos hospitales, sin que estén concluidas. 

El ex presidente García afirma que los decretos de urgencia que emitió su gobierno son legales y "permitieron hacer múltiples obras como redes de agua potable, colegios emblemáticos, electrificaciones y hospitales”. 

Los decretos de urgencia  son un dispositivo legal que faculta al Ejecutivo para realizar contrataciones sin licitaciones. 

El ex presidente Alan García ha sido acusado constitucionalmente por el caso de los colegios emblemáticos, para los que se usaron decretos de urgencia. 

POLITICA

Por asociación ilícita se denunciará 
a Belaunde Lossio y jefes de región

Resultados. Según primera parte del informe de la comisión del Congreso que investiga al ex asesor de campaña del nacionalismo, los presidentes regionales de Cusco, Madre de Dios y Junín están involucrados en una serie de irregularidades.

 La primera parte del informe final de la comisión que investiga las irregularidades y los vínculos de Martín Belaunde Lossio en el Estado fue aprobado ayer luego de un tenso debate. El grupo estableció que el procesado empresario encabezó una organización criminal que se infiltró en al menos cinco regiones con el propósito de apropiarse ilícitamente de fondos públicos.

La presidenta de la comisión investigadora, Marisol Pérez Tello, informó que los presuntos actos irregulares fueron detectados en Cusco, Madre de Dios y Junín, mientras a nivel local en la municipalidad de Catache (Cajamarca) y Gregorio Albarracin (Tacna).

"En todas las regiones ha habido participación de Belaunde Lossio y de su entorno", afirmó la legisladora.
Detalló, en este sentido, que los ilícitos corresponden a la ejecución de obras que no concluyeron como es el caso del puente Comuneros, en Huancayo, que representaba una inversión de 51 millones de soles, así como irregularidades en proyectos de electrificación en Catache, por un monto de 8 millones de soles.

Según el informe, Belaunde Lossio operó a través de empresas vinculadas a él, principalmente de la firma Antalsis, y sus sucursales en el país, en complicidad con los ex presidentes regionales Vladimir Cerrón (Junín), Luis Aguirre Pastor y Jorge Acurio (Cusco). 

A los casos regionales también se suman las contrataciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD), según las indagaciones, se han encontrado presuntas irregularidades, lo mismo que con Agro Rural y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

En esa línea, Pérez Tello explicó que se han establecido responsabilidades penales en al menos diez personas, entre los que figuran Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo y los ex presidentes regionales antes mencionados, por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión de funciones y tráfico de influencias en la modalidad de instigador.

No obstante, la titular de la comisión recalcó que también se ha solicitado que se investigue a otros funcionarios que no pasaron a condición de investigado.
 Vale mencionar que todos estos ítems fueron aprobados por unanimidad, lo que evidencia que también se contó con el voto favorable del legislador nacionalista, Teófilo Gamarra.

PROPUESTAS
En la sesión de ayer se aprobó además la recomendación de algunos proyectos de ley que se presentarán al pleno del Congreso. Uno de los más importantes busca la sanción sobre aquellos congresistas que no respeten la "reserva" y difundan la información vertida en las sesiones privadas de los grupos parlamentarios.

"Con este proyecto de ley se sanciona a quienes incumplan su deber de guardar la reserva o que filtren información, así como a quienes tengan la protección del juramento", argumento Pérez Tello, en referencia a algunas de las iniciativa que promoverá su grupo investigador.

Otra propuesta que el grupo de trabajo presentará al Parlamento será la del otorgamiento de mayores facultades al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esto con el objetivo de que pueda contar con la información necesaria de los funcionarios públicas y su familiares, con la meta de evitar el delito de nepotismo.

También se planteará una modificación en las transferencias de gestiones administrativas para que las autoridades municipales no pueda transferir recursos a los gobiernos regionales.
Por último, el grupo de trabajo presidido por Pérez Tello  propone una nueva normativa que fortalezca la defensa jurídica del Estado y modificaciones a la denominada ley de gestión de intereses.

CLAVES
Hasta el momento, la Comisión Belaunde Lossio ha establecido responsabilidades penales en 10 personas, todos funcionarios municipales o regionales.
Estas acusaciones serán transferidas a la Contraloría General de la República para que esta entidad se encargue de continuar con las investigaciones.

EL LUNES DEFINEN FUTURO DE ALLEGADOS A MBL
Otro detalle relevante del trabajo de la Comisión Belaunde Lossio es que para el debate de la parte final del informe se tomará en cuenta la información financiera de los investigados. Esto luego de que el grupo de trabajo ganara una apelación ante el Poder Judicial que en primera instancia había negado dicha información.

También se dispondrá del secreto tributario de los personajes involucrados en la investigación, información otorgada por Sunat; esto además de la información relacionada con las comunicaciones de algunos de los investigados.

De esta manera, el próximo lunes se definirá la suerte del entorno de Belaunde Lossio, entre quienes se encuentran la primera dama Nadine Heredia y su hermano Ilan, la ex funcionaria Rocío Calderón, el empresario Rodrigo Arosemena, el ex presidente del IPD Francisco Boza y las autoridades regionales y locales involucradas en la investigación.