POLITICA

Entre 15 y 20 años de prisión para quienes conspiren y favorezcan el terrorismo

Drásticas penas. Incluye a quienes promuevan, favorezcan o faciliten dicho delito. Otra norma castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes interfieran comunicaciones. Un tercer decreto sanciona entre 3 y 8 años a los que resiembren cultivos de coca.

 

Se mantuvo prácticamente en secreto durante días. Tres nuevos decretos legislativos que contemplan, entre otras iniciativas, el incremento de penas mínimas y máximas para delitos de terrorismo, interceptación de comunicaciones y narcotráfico fueron aprobadas por el Ejecutivo y publicadas ayer en El Peruano.

Algunos expertos en seguridad ciudadana pidieron no caer en la "indiferencia o la soberbia". También destacaron el endurecimiento de las sanciones y las facultades que tienen ahora la Policía y la Comisión Nacional para Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en materia de narcotráfico. Es  un ambicioso programa de reforma sostenido en una batería enorme de decretos.

1. Castigo severo por favorecer al terrorismo

Según el Gobierno, "mejorará la lucha contra la subversión y aumentará, en consecuencia, la seguridad ciudadana. El Decreto Legislativo Nº 1233, aprobado por el Ejecutivo en el marco de las facultades que le otorgó por el Congreso, señala que quienes incurran en conspiración para el delito de terrorismo recibirán una pena entre 15 y 20 años de prisión.

Ello incluye a todo aquel que participe en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades. Para ello se incorpora el artículo 6-B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y procedimientos para la investigación, instrucción y juicio.

Para el coronel (r)  Javier Palacios, la agrupación terrorista Sendero Luminoso se encuentra en proceso de 'reciclaje' político con la aparición del Movadef, así como otros grupos radicales y el accionar de los Quispe Palomino en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem).

“Muchos terroristas liberados están en el magisterio, en el sector Salud y en otros ministerios, así como en municipios y en Gobiernos regionales. También hay agitadores políticos que conspiran conformando poderes locales como frentes de defensa”, refirió.

Advirtió que los subversivos están en las universidades y colectivos estudiantiles. “Debemos recordar que Abimael Guzmán dijo que ‘el tiempo es nuestro mejor aliado’. Ellos esperan ganar a los jóvenes con este proceso de largo aliento para crear nuevos cuadros", subrayó el oficial retirado.

2. Endurecen penas en interceptaciones

En cuanto al Decreto Legislativo Nº 1234, el nuevo código endurece las penas para quienes intervengan o interfieran indebidamente comunicaciones electrónicas o de mensajería instantánea, o similares. Ellos serán sancionados con penas de 5 a 10 años de cárcel.

La norma publicada ayer en el diario oficial El Peruano modifica el artículo 162 del Código Penal, que para este caso contemplaba penas privativas de la libertad entre 3 y 6 años de prisión como máximo.

Según la modificación, la pena de cárcel también será entre 10 y 15 años cuando la persona que cometa este delito tenga la condición de funcionario o servidor público. Estos individuos, además, serán inhabilitados de sus cargos.

Esta misma sanción se impondrá cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial o cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales.

Asimismo, el decreto legislativo contempla que si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los supuestos anteriores.

El abogado Lucio Jiménez la calificó como "ley mordaza", pero necesaria. "No permitirá destapar actos de corrupción como el chuponeo telefónico realizado por la empresa Bussines Track (BTR). Sin embargo, es necesario para los casos más graves, como terrorismo, organizaciones criminales, delitos contra menores o existan razones fundadas que hagan mprescindible la intervención de comunicaciones”, sostuvo.

3. Lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas

En materia de narcotráfico, el jefe de la Comisión Nacional para Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, indicó que el decreto legistativo 1241 "fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y condensa una serie de aspectos sustantivos para contar con un marco más adecuado en la lucha contra este delito".

El dispositivo legal cubre algunos vacíos respecto de la actuación de la Policía que se veía limitada por temas como el espacio de intervención, la interdicción de insumos químicos y medios de transporte que se emplean. Ahora podrán patrullar zonas de tránsito, áreas de infuencia (puertos y aeropuertos) y puntos críticos en el ámbito nacional.

Otárola explicó que la norma autoriza la destrucción de  medios de transporte, embarcaciones que por río o mar transporten insumos químicos, vehículos, motocicletas, es decir, todo tipo de instrumentos de transporte de sustancias ilícitas.

También contempla la penalización de la resiembra  de coca, para lo que se considera de 3 a 8 años de cárcel.

Agregó que la norma afianza el liderazgo y rectoría de Devida sobre el diseño de políticas, estrategias, intervención y competencia nacional en materia de prevención, desarrollo alternativo e interdicción.

"Es una norma que ha sido trabajada desde hace meses en coordinación con varios sectores, y ayudará a elevar los estándares de la lucha contra el narcotráfico", manifestó.

Enfoque

Hay que repotenciar la dircote (*)

El Decreto Legislativo N° 1233 es fundamental. El Gobierno no puede bajar la guardia en su lucha contra el terrorismo, y con este dispositivo se está adelantando a hechos que podrían venir, pues los senderistas siguen adoctrinando y engañando a los jóvenes. Esta medida, sin embargo, tendría que ir acompañada de una repotenciación de la Dircote, cuyo sistema de inteligencia tiene que seguir a los terroristas liberados. Además, debemos ir formando fiscales y jueces antiterroristas.

Sobre el decreto N° 1234, considero que es una buena herramienta porque se está poniendo un candado a la corrupción, como el caso BTR o de la DINI, que estuvieron haciendo trabajos oscuros. Pienso que si un funcionario es descubierto debería recibir el doble de la pena establecida.

La medida para combatir el narcotráfico también es importantísima, pero hay que armar equipos de fiscales y policías. Este delito no está solo en el Callao, la droga sale por todos los puertos del país.

(*)Luis Montoya. Ex director PNP

La República - 27 de Septiembre de 2015