EDUCACION

Una nueva ley con muchos opositores

Conflictos. A pocos días de que venza el plazo establecido por la Sunedu, aparecen resoluciones rectorales declarando inaplicables estas fechas para el cambio de autoridades. Desde el 2016, la Sunedu evaluará y sancionará a las instituciones. La Asociación de Universidades del Perú elabora una propuesta.

 

Un mes después de que los universitarios salieran a las calles en contra de la denominada "Ley Cotillo", los rectores plantean una nueva medida. El 25 de noviembre, los estudiantes se manifestaron afuera del Congreso en rechazo del referido proyecto de ley donde se planteaba que las autoridades de las universidades públicas sigan en sus cargos hasta que culmine el mandato dispuesto en la antigua Ley.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la aplicación de este proyecto permitía que el rector Pedro Cotillo se mantenga hasta mayo del 2016. En otros casos, como en la Universidad Nacional de Cajamarca, hasta el 2019.

Hubo discusión, rechazo y defensa de esta iniciativa planteada, principalmente, por parlamentarios apristas y llamada por la ciudadanía "Ley Cotillo", por entender que uno de los favorecidos era el rector de San Marcos. Este proyecto no era el único: otros tres también defendían el mandato de las actuales autoridades, lo que obligaba a postergar la elección de nuevas. Finalmente, ninguno llegó hasta el Pleno y fueron archivados por la comisión de Educación que, hasta ese momento, era presidida por Daniel Mora.

RECTOR DE ICA SE REBELA

El último viernes 25 de diciembre se publicó la resolución rectoral N° 2216-R-UNICA-2015 en la que el rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Alejandro Encinas (elegido con la antigua Ley), declara inaplicable el plazo establecido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para el cambio de autoridades.

Según el cronograma de la Sunedu, el rector, vicerrectores y decanos tienen que abandonar el cargo –a más tardar– el jueves 31 de diciembre, pero Encinas señala que su periodo concluirá recién en setiembre del 2017.

La marcha contra la "Ley Cotillo" no fue la primera en  que los estudiantes  reclamaban medidas aplicables en los claustros. Lo hicieron antes y después de la creación de la nueva Ley Universitaria (N° 30220). Se manifestaron a favor y en contra de la norma promulgada en julio del 2014.

Lo mismo ocurrió en el plano constitucional. Desde julio del año pasado, el Colegio de Abogados de Lima Norte, el Colegio de Abogados de Lima, 25% de congresistas -encabezados por Martha Chávez-, así como más de 6 mil 400 ciudadanos presentaron demandas en contra de la nueva Ley Universitaria ante el Tribunal Constitucional (TC).

Este año, finalmente, se declararon infundadas dichas demandas, ratificando así la constitucionalidad de la Ley Universitaria. No obstante, los conflictos aún se mantienen.

Para el Ministerio de Educación (Minedu), el principal problema es la resistencia generada por intereses económico, mientras que para la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) -que agrupa a 64 casas de estudio- el problema es la violación de la autonomía universitaria al imponer plazos no establecidos en la ley, sino en documentos de menor rango como las resoluciones.

La Ley Universitaria data del 2014, pero en la práctica su implementación comenzó este año. Lo hizo con la creación de la Sunedu, a cargo de verificar las condiciones básicas de calidad, la entrega o retiro de licencias o la imposición de sanciones. En el primer semestre se designó con retraso como superintendenta a Lorena Masías y a su consejo directivo.

Este mismo organismo, adscrito al Minedu, pero con autonomía técnica, funcional y administrativa (según la norma) publicó una Guía para la Adecuación de Gobierno de las Universidades Pública que definió como plazo el 31 de diciembre para que las 31 instituciones públicas con autorización definitiva, entre las que se encuentra San Marcos, Federico Villarreal, San Agustín (Arequipa) elaboren nuevos estatutos y cambien de rector, vicerrectores y decanos a fin de realizar elecciones en el marco de la nueva ley.

LO QUE DICE LA ASUP

"¿Por qué los rectores no pueden terminar su mandato? La Ley Universitaria no es retroactiva. Si lo fuera, se eliminaría (para los antiguos alumnos) el bachillerato automático. Esa Guía que define plazos tiene carácter recomendatorio. La Sunedu no tiene más autoridad que la propia universidad. No corresponde que vulnere la autonomía estableciendo cronogramas. Esos los establecen las Asambleas Estatutarias", refiere la directora ejecutiva de la Asup, Ada Gallegos.

Agrega que, de acuerdo a información preliminar, además de Universidad San Luis Gonzaga de Ica, otras instituciones como San Marcos, Villarreal y la de Piura cuentan con resoluciones rectorales que rechazan el plazo. Califican la disposición de la Sunedu como "abuso de autoridad y usurpación de funciones".

El director de educación superior universitaria del Minedu, Juan Trelles, señala que esta última medida aplicada por algunas universidades no tiene valor legal. "Es una decisión institucional. Eso significa que, eventualmente, habría una decisión corporativa de la San Luis Gonzaga. Lo siguiente que debería hacer es denunciar la medida que creen que afecta la autonomía y tendrían que ir al fuero judicial", dice. Sin embargo, refiere que hace poco más de una semana la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundadas medidas cautelares presentadas por San Marcos y Enrique Guzmán y Valle (Cantuta).

LA ADECUACIÓN

Según la última información de la Sunedu, un aproximado de 20 universidades vienen realizando el proceso de adecuación. Han cumplido con instalar su comité electoral y elegir a sus autoridades. Entre estas se encuentran la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Agraria La Molina, la San Agustín, la del Centro del Perú y la UNI.

La Asup sostiene que los rectores que dejaron sus cargos lo han hecho porque su periodo ya había vencido. "En promedio, son más de 13 universidades que habían culminado sus mandatos. A esas se suman otras 5 que aceptan la recomendación de la Sunedu. El otro grupo es de universidades que han sido tomadas por la fuerza, como en la Jorge Basadre de Tacna", dice Ada Gallegos.

Pide, además, mejorar el presupuesto destinado para la implementación de la norma y anuncia que presentarán una nueva propuesta a los partidos políticos, debido a que la actual ley "tiene serios errores". Hay que recordar que más de un candidato a la presidencia  del país se ha manifestado en contra de la actual norma.

CASO SAN MARCOS

A más de un año y medio de la creación de la nueva Ley Universitaria, la UNMSM es la que presenta menor avance en la adecuación a la ley: no cuenta con estatutos, Asamblea Estatutaria, ni nuevas autoridades. El rector Pedro Cotillo señala que, de acuerdo a la ley con la que fueron elegidos, su mandato culmina en mayo del 2016.

Esta autoridad fue la primera en ser denunciada por la Sunedu ante el Ministerio Público. Lo acusan de usurpación de funciones, abuso de autoridad y nombramiento indebido.

Si en cuatro días, las universidades no culminan con el cambio de autoridades, los actuales titulares no accederán al presupuesto para el 2016 que le otorga el Ministerio de Economía y Finanzas. "Desde el 1 de enero, quienes no hayan sido elegidos, no podrán ejercer autoridad en la universidad. Habrá consecuencias administrativas, presupuestales, civiles y penales. Para esa fecha esperamos que señalen quiénes serán las autoridades interinas y llamen a elecciones", dice Trelles.

Las últimas medidas de este año fueron la presentación de las condiciones básicas de calidad y el de sanciones e infracciones. Las universidades que incumplan con el cambio en el gobierno podrán recibir multas de hasta 300 UIT (un millón 185 mil soles) o se les prohibirá brindar el servicio educativo. El 2016 se comenzará con la evaluación de los requisitos básicos vinculados a docentes, infraestructura y equipamiento. También se comenzará a sancionar a quien no lo haga. Advertidos están.

Puntos clave de la actual Ley Universitaria

Los artículos 12, 13 y 15 de la ley disponen la creación de la Sunedu. Y el artículo 28 indica que esta nueva institución se encargará de que las universidades cumplan con sus objetivos académicos, planes de estudio, previsión económica e infraestructura (licenciamiento).

​La primera disposición complementaria de la referida norma señala que ahora los docentes y alumnos eligen a sus autoridades.

Los 70 años es la edad máxima para ejercer la docencia en las universidades públicas. La aplicación de cese se define en el estatuto.

En el artículo 82 se obliga a que los catedráticos cuenten con el grado de Maestro. Tienen 5 años de plazo para adecuarse a esta medida.

El artículo 45 dice que para obtener el grado de Bachiller será necesario aprobar los estudios de pregrado, un trabajo de investigación y un idioma extranjero.

La nueva Ley Universitaria también determina que cada centro de estudio establece el  diseño curricular de sus especialidades. Se obliga, en pregrado, la enseñanza de un idioma extranjero o de una lengua nativa.

​Según el artículo 102 si un alumno desaprueba 3 veces una materia será separado por un año.​ Establece así la matrícula condicionada.

La resistencia a la ley ha disminuido

Ricardo Cuenca. Experto IEP

Tenemos reforma y eso es lo importante. Con todas las dificultades que ha tenido esta Ley Universitaria, se ha venido implementando. La mayoría de universidades públicas y privadas están adecuándose, además existe la tranquilidad jurídica dada por el Tribunal Constitucional que ratifica su legalidad.

Quedan pendientes dos puntos: El primero sería la nueva reglamentación del Sistema de Acreditación, con los cambios y modificaciones constitucionales que eso suponga. También faltaría la aprobación de la Ley de Institutos, porque la reforma no solo comprende a la universidad, sino a estos centros. Esto permitiría ejecutar la convalidación de los créditos. Todo ello se debió hacer este año y no se hizo. Aún está en el Congreso.

La resistencia a la Ley Universitaria fue disminuyendo. Líderes y estudiantes comenzaron a defender la reforma. Solo queda la de universidades como San Marcos. Otros son los políticos. Deben defender la ley.