ENTREVISTA

Carlos Gálvez, presidente de la SMNPE: 

“Gobierno fue el menos promotor de la minería”

Gestión de Humala fue la más pasiva con este sector. Asimismo, cuestionó las propuestas que expusieron los principales candidatos presidenciales en CADE 2015 sobre la inversión minera.

 

Guste o no, el Perú es un país minero y más del 50% de su PBI está financiado por esta actividad. La perspectiva para el próximo quinquenio es preocupante, no hay megaproyectos de inversión en este sector. Este gobierno los ahuyentó.

¿Los candidatos presidenciales que se presentaron en la CADE hicieron planteamientos positivos para el sector minero?

Todos señalaron que debe haber actividad minera en el país. Algunos mencionaron la diversificación productiva, que está muy de moda. Sin embargo, todos reconocieron que la actividad minera constituye más del 50% de las exportaciones y que la recaudación del sector es importantísima. Por eso, tienen que apoyarse en esta para poder solventar los proyectos para el país.

¿Hubo un planteamiento creativo?

Todos resaltaron la necesidad de desarrollar los proyectos que están detenidos o postergados. También mencionaron –a diferencia de lo que ocurre con el gobierno de Ollanta Humala– la necesidad de liderazgo y trabajo con las comunidades de las zonas mineras para impulsar los proyectos porque, si no, no se podrán ejecutar. En términos generales, los planteamientos fueron vagos, sin sustento…

¿En qué sentido?

Keiko Fujimori planteó como ejemplo la actividad minera que se da en Trujillo, donde los trabajadores informales trabajan para las empresas vendiéndoles su producto. Considero que no es una forma adecuada de trabajar…

¿Por qué?

Porque se convalida la actividad informal en la minería. Todo trabajador tiene derecho a regresar sano y salvo a su casa luego de su jornada; la actividad no formal no labora con seguridad. Todos tenemos que trabajar con respeto del medio ambiente, cosa que no cumplen los no formales. Además, no pagan impuestos, como lo hace la actividad formal extractiva. El de Keiko fue un planteamiento sesgado, porque se nota que hay alguien muy cercano a la minería ilegal que está tratando de convalidar esa actividad.

¿Un lobby de minería informal en Fuerza Popular?

No lo sé, alguien cercano a los informales y que se lo transmite a Keiko. Creo que habló para los que la veían por televisión. En el caso de Alan García…

Antes de comentar sus propuestas, examinemos las de los otros candidatos.

PPK dijo que apoyaría a la minería responsable con el medio ambiente, es una generalidad con la que todos estamos de acuerdo.

Alejandro Toledo dijo que él impulsó Las Bambas, que era politiquería preguntar si se quiere agua u oro, y la necesidad de la diversificación.

Es uno de los tantos lugares comunes que hemos escuchado. Todos estamos de acuerdo, pero la diversificación productiva no reemplaza a la actividad minera. César Acuña tampoco dijo nada en especial, generalidades, que él era empresario y que había que desarrollar todos los proyectos que se pueda.

¿La propuesta de canon comunal de Alan García fue concreta?

Sin sustento, con gran desconocimiento de qué se trata y cómo se maneja, porque quienes reclaman o están en contra de los proyectos mineros no son aquellos que han sido propietarios del terreno donde está la concesión. Quienes protestan están a 50 kilómetros de distancia del proyecto. Eso no se resuelve con el canon comunal, tal como lo plantea García.

¿No hay comunidades alrededor de la mina?

Sí, pero ya no es quien está arriba de la mina, ya les compraron y se retiraron. Los contrarios a Conga no eran quienes estaban alrededor, sino en otros lugares. Los problemas en Las Bambas no son de la gente de Challhuahuacho, sino de Tambobamba, que se encuentra a 50 km. ¿Cuál es el alcance que les das a las comunidades? Todas quieren ser calificadas como zona de influencia directa del proyecto. Pasa la carretera, la línea de transmisión y se dicen zona de influencia. Hasta Arequipa quiere ser considerada zona de influencia directa de Las Bambas porque el concentrado se embarcará en Arequipa. Con ese criterio, todos los peruanos somos beneficiarios de ese canon. Además, hay que distinguir entre una mina subterránea y de tajo abierto.

¿Darles canon directamente a las municipalidades o a las comunidades de la zona de influencia no es novedoso?

En el caso de las municipalidades, no. El canon llega al gobierno regional y al distrital directamente donde se realiza la actividad. Además de estos estamentos, Alan García plantea un cuarto: la comunidad. Lo que no tiene claro es que, si hay alguien corrupto, son las comunidades…

¿Por qué lo afirma?

Porque donde hay plata hay corrupción y pugnas para tener el control de esta. Si hay corrupción a nivel de distrito, los proyectos no se desarrollan porque se tiran la plata. Imagine en la comunidad. Es muy fácil tirarse la plata de cualquier proyecto y no se concluye. En Echarati hay 41 proyectos en abandono. Se dio el adelanto, el contratista desapareció y la plata voló.

¿Y para usted con las comunidades sería igual o peor?

Peor, porque ahí funciona el Fuenteovejuna, todo es colectivo. Se eligen directivas y, cuando hay un interés económico de por medio, se declaran corruptos unos a otros, no dejan participar a nadie. Nosotros, en Oyón, hemos estado cerca de ocho años sin tener interlocutor en la comunidad. Nosotros trabajamos, pero entre ellos no se permitía siquiera la inscripción de una directiva.

¿Eso impide bonificar a la comunidad, como planteó García?

Estoy de acuerdo, pero lo haría de manera directa, personal, individual. Empezando que, si das el dinero para que construyan proyectos, la comunidad no tiene la ‘expertise’ para formular proyectos, menos de ejecutarlos. Hay que tener unidades ejecutoras del Gobierno Central que hagan los proyectos que la comunidad necesita. Esa fue la virtud que tuvo el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo en el gobierno de Alan García. Ahí las empresas formulaban el proyecto, consensuaban con la comunidad y lo ejecutaban. La empresa no se tira la plata. Además, si no resuelves el problema, protestan igual. Asimismo, no todas la comunidades son iguales, e insisto: quienes pitean no son las comunidades que están en el proyecto, sino las que están más allá. Y, finalmente, la Contraloría no tiene injerencia en las comunidades.

¿Cómo amainar los conflictos sociales?

El Estado debe ejecutar los proyectos que les resuelven los problemas a las comunidades para que tengan condiciones adecuadas de vida, agua potable, luz, etc. Una presencia permanente del Estado, su misión es la redistribución de la riqueza.

¿Cómo participan las mineras en esto?

Pueden perfectamente ayudar al Estado a elaborar y desarrollar los proyectos, a hacer ingeniería. Puede ser con el Programa Minero de Solidaridad o servicios y obras por impuestos. Las mineras tenemos ingeniería y capacidad de gestión sin ‘pericoteo’ de por medio.

¿El Programa Minero de Solidaridad es mejor que el canon comunal?

Sí, es un mejor modelo de gestión. Lamentablemente, el gobierno de Humala lo desapareció porque querían tener la plata ellos y manejarla. Les han retirado recursos a las regiones, provincias y distritos para que los tenga el gobierno central y canalizarlo a otras cosas.

¿El gobierno de Humala se ‘adjudicó’ la plata de las comunidades?

Hizo una reasignación de fondos.

No está siendo algo aguafiestas…

No. La propuesta de canon comunal no ha sido debidamente analizada. El tema es quién ejecuta. Sí podría conversar con Alan García y explicarle.

¿Pedirá reunirse con él?

Sí, ya hemos mandado una carta a todos los candidatos para reunirnos con su equipo de plan de gobierno.

¿Y la propuesta de darles a las comunidades la propiedad de subsuelo?

Habría que cambiar la Constitución y no creo que sea conveniente, porque todos somos propietarios del recurso del subsuelo. Es propiedad de la Nación, que somos todos. Por qué asignarle el recurso solo a un ‘grupete’. Distinto es si se titula a esos ciudadanos. Eso sería muy positivo, tendrían derecho de ciudadanía. Hoy en día la comunidad funciona como rebaño. No pueden tomar decisiones sobre su parcela, dependen de la decisión colectiva.

¿Un comunero no es un ciudadano?

Qué ciudadano va a ser si no tiene capacidad de decidir sobre la tierra donde vive…

Algunos recordarán sus palabras: hasta mi empleada lo entiende…

No dije ‘hasta’, sino que, cuando me preguntan cosas técnicas, trato de explicar en palabras simples. Dije: “Estoy acostumbrado a preguntar a mi empleada si ha entendido las presentaciones que hago en público”. Estaba hablando por televisión y ahí hay que usar un lenguaje sencillo, no sofisticado, para que todos entiendan. Los ingenieros estamos acostumbrados a hablar para ingenieros, biólogos, químicos.

Usted responsabiliza al Estado por los conflictos mineros…

A la ausencia del Estado, sin duda. Los políticos corruptos se han pasado décadas sin atender a esos ciudadanos y han recibido canon, regalía, impuesto a la renta.

¿Cuándo han sido más intensos estos conflictos: con Toledo, García, Humala?

Conforme pasa el tiempo es peor, porque encima tienes a las ONG que les hacen notar todas las carencias que el Estado no asume y los derechos que tendrían, llegando al extremo. El mensaje es: aquí no se toca nada si no me dan por adelantado esto y lo de más allá, en el marco de negociación donde participa la empresa y la comunidad. ¿Y el Estado? De costadito. Cuando se arma el conflicto, crea mesas de diálogo, de desarrollo. ¿Por qué se espera a esto para abordar el desarrollo? Esa zona ha estado abandonada por décadas.

Insisto, ¿cómo aportan las mineras en este contexto, siquiera por sus intereses?

La compañía llega a la zona a explorar, no tiene un yen para poner si aún no sabe si habrá mineral para explotar. Pero ahí ya se arma el conflicto. Se ponen condiciones; ni se deja mirar. Si hay explotación, la minera está pagando impuestos por años y las demandas cada vez son mayores porque, ante la ausencia del Estado, la empresa tiene que sustituirlo. Nadie quiere desembarazarse de sus obligaciones. Lo que se quiere es una actividad tripartita, que el Estado asuma lo suyo. Quien lo haga debe tener un rol transversal y no echarse la pelota entre ministerios.

Alan García mencionó que el riesgo es que los conflictos sociales bloqueen a la gran minería.

Eso es lo que está ocurriendo. Se bloquean los proyectos al extremo de que, terminada Las Bambas, lo único grande que nos queda por ejecutar es la ampliación de Toquepala y para de contar. El resto de proyectos están bloqueados o las compañías se aburren y se van a otros proyectos en el mundo.

Por Mariella Balbi