OPINION

Corrupción, criminalidad organizada 

y proceso penal

Dr. Pablo Sánchez V.

Fiscal de la Nación (*)

El avance de la corrupción y de la criminalidad organizada en nuestro país es una realidad, opera como una empresa de estructura piramidal, con asesoría jurídica, económica, con logística, tiene ejecutores delictivos y se esfuerza por tener protección legal y política. Ya se veía venir desde hace algunos años y la respuesta del Estado recién se hace sentir a raíz del conocimiento de casos tan emblemáticos que comprometen a funcionarios públicos. Se requiere una investigación eficaz y sanciones ejemplares.

Las instituciones encargadas de la investigación oficial, Ministerio Público y Policía Nacional están realizando su trabajo, en algunos casos, con el decidido apoyo de la prensa de investigación. También, se han iniciado investigaciones congresales que luego pasarán al fuero judicial donde se determinarán las responsabilidades penales correspondientes.

Ello requiere actuar bajo dos planos: una Política Criminal definida, que exprese una respuesta efectiva del Estado ante delitos tan graves con el fin de prevenirlos. Y, un tratamiento responsable de los casos con sanciones ejemplares, que para el ciudadano la justicia sea real, en lugar de una utopía.

La investigación de casos de corrupción y crimen organizado es una labor ardua y complicada. Se investigan más de  50 delitos como asesinatos, lavado de activos, extorsión, secuestro, tráfico ilícito de drogas, y otros conforme a la Ley 30077.

Por ello, la investigación debe ser inteligente, obteniendo y asegurando elementos de prueba de la comisión del delito, estableciendo la relación existente con los imputados, realizando las pesquisas y pericias que sean necesarias; sobre todo las criminalísticas, contables y financieras, requiriendo información a la UIF y la SBS, y custodiando la documentación pertinente. La investigación debe ser técnica y plenamente reservada, a fin de que no se perturbe la obtención de las pruebas, el ocultamiento de la participación de otros implicados, la destrucción o desaparición de documentos importantes   o la amenaza o asesinato de testigos. Se puede exhortar la aplicación de la confesión sincera para acopiar pruebas; la colaboración eficaz resulta de suma ayuda, pero debe brindarse las protecciones necesarias y cumplirse con los beneficios a los colaboradores. Asimismo, se exige proceder con mucho cuidado para no adelantar juicios de valor, observando la presunción de inocencia y el plazo razonable. Solo se acusa cuando hay prueba suficiente para ir al juicio y se condena con sentencia debidamente motivada.

La prisión preventiva solo la solicita por el fiscal y se decide por el juez, cuando sea absolutamente necesaria, es una medida de excepción que pretende asegurar la presencia del imputado a la investigación y juzgamiento, cuando exista peligro de fuga y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

La lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada requiere de un mayor compromiso del Estado manifestado en el fortalecimiento de sus instituciones judiciales.

El Ministerio Público ya cuenta con fiscalías especializadas en casi todo el país. Los fiscales han adquirido mucha experiencia, pero el crecimiento de la criminalidad y la corrupción requiere más fiscales especializados. Asimismo, se necesitan nuevos locales, peritos debidamente remunerados, apoyo logístico, capacitación especializada de todos sus integrantes, el fortalecimiento de Medicina Legal y la mejora del Programa de Protección a víctimas, testigos y colaboradores eficaces. El Poder Judicial y la Policía requieren del mismo apoyo.

Se requiere de un Sistema de Justicia eficiente, moderno y garantista, que será posible con una decidida intervención del Estado para que invierta seriamente en Justicia, y por los operadores de justicia se requiere visibilizar sanciones ejemplares a crímenes tan reprochables que hacen daño a las personas, las instituciones y al país.

En el plano de la prevención, debe actuarse inmediatamente a fin de frenar el avance de la corrupción y el crimen organizado: enseñanza de valores desde el colegio, buenas prácticas en el quehacer diario, formando jóvenes líderes, con actividades del Estado de acercamiento a la colectividad (la Fiscalía lo hace).

La CAN-Anticorrupción está comprometida en esta tarea y su presencia es cada vez mayor al interior del país, instalando las Comisiones Regionales Anticorrupción.

Nuestro país requiere de un cambio de actitud de TODOS, en nuestro trabajo, empresa, función, oficio o actividades cotidianas, para combatir la corrupción.