POLITICA

Joaquín Ramírez: Fiscal solicita levantamiento de inmunidad de parlamentario fujimorista

Fiscalía considera necesario iniciar trámite para investigar al congresista de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos.

La fiscal provincial Rosana Villar Ramírez inició el trámite de levantamiento de inmunidad parlamentaria al congresista Joaquín Ramírez –legislador y secretario general del partido Fuerza Popular– por el presunto delito de lavado de activos.

Según la resolución fiscal del 19 de octubre, a la que Perú21 pudo acceder, el pedido fiscal del levantamiento de la inmunidad del parlamentario Ramírez obedece a que se habrían encontrado indicios razonables de que está incurso en este delito y que, para poder investigarlo, resulta necesario que se tramite el pedido del levantamiento de inmunidad.

En el documento se incluyen detalles de la carpeta fiscal N° 339-2014, que fue abierta tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos contra el congresista Joaquín Ramírez, el 9 de setiembre de 2014.

En su denuncia, la procuradora lo acusó de poseer, “conjuntamente con su esposa, Rosa Castañeda, un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones, en personas jurídicas, que no guardan relación con sus ingresos iniciales, como cobrador de transporte público-combi”.

También se conoció que en el contexto de las indagaciones preliminares, la magistrada Villar Ramírez, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, habría obtenido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el reporte de Ramírez y de los demás investigados y en el cual se advierte que al menos tres familiares directos del parlamentario fujimorista habrían sido “reportados como sujetos a operaciones sospechosas”.

Las indagaciones que viene realizando la Fiscalía serían declaradas complejas debido a la presencia de un parlamentario que mantiene inmunidad y de otros personajes que residen en el interior del país y en el extranjero.

En su resolución, la fiscal establece textualmente: “solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Joaquín Reber Ramírez Gamarra, a fin de que el juez de turno proceda conforme a sus atribuciones”.

Al tomar conocimiento de esta decisión, el legislador interpuso una queja contra la fiscal, la cual se encuentra en evaluación.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público, en otra resolución, explicó por qué ha formulado su pedido de levantamiento de inmunidad, amparada en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. “No pueden ser procesados ni presos (los congresistas) sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente”, estableció.

Asimismo, aclara que si bien no existe normativa denominada “actos previos”, se contempla la necesidad de realizar acopio de información bajo la denominación de “indagaciones preliminares”, lo que sería su equivalente.

El pedido de Villar será derivado al despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien lo remitirá al Poder Judicial. Ahí, una comisión ad hoc evaluará la solicitud y, de declararla procedente, la elevará al Congreso de la República.

IMPUTACIONES

Según la denuncia interpuesta por la Procuraduría de Lavado de Activos, el parlamentario Joaquín Ramírez inició sus actividades económicas en el año 1999 con la inscripción en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de la empresa Capricornio Import S.A.C., con un capital social de S/.2,000, el cual, dos años después, se incrementó a S/.107,000, aportando en efectivo S/.105,000. Estos aportes inusuales llamaron la atención de la Procuraduría.

En 2001 constituyó, con S/.5,000, la empresa Interactiva World S.A.C., que se encuentra inactiva desde el 2006.

En el 2003, el legislador incrementó su patrimonio y empezó a diversificar sus “inversiones”, incursionando en el negocio inmobiliario y venta de combustibles.

Decide ampliar más sus inversiones financieras y se vincula con activos en educación e invierte en clubes deportivos profesionales como el UTC de Cajamarca.

En su denuncia, la Procuraduría destaca que, tras su elección como congresista, constituyó 13 empresas y adquirió acciones en otras cuatro, por un valor superior a los S/.5.7 millones.

El documento incriminatorio destaca que el entonces candidato a legislador, en el año 2011, financió una onerosa campaña para ser elegido legislador por Cajamarca.

También resalta que luego de su éxito empresarial percibía como ingresos mensuales S/.63,000. Sin embargo, la Procuraduría advierte que también gastó fuertes sumas de dinero en otros candidatos, lo cual generó observaciones sobre el origen de su patrimonio.

La Procuraduría de Lavado de Activos calificó de “operaciones comerciales inusuales” el pago por la compra de un inmueble efectuado por el cuñado del parlamentario investigado, Miguel Castañeda Cubas, a través de su empresa Milestone Group S.A.C., de la cual Joaquín Ramírez es apoderado, en favor de la compañía Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., cancelando “una supuesta deuda” de US$2.8 millones.

Agrega que esta última empresa entre los años 2006 y 2011 ha efectuado hasta cuatro operaciones de capitalización de créditos para cancelar sus deudas, a cambio de la adquisición de acciones por parte de los acreedores.

“Esta operación de incremento de capital social por capitalizaciones de crédito no se justifica, lo cual constituye señales de alerta”, precisa.

Indica que se podría estar utilizando esta modalidad como vehículo para ingresar al trasiego económico o poner en circulación activos financieros de origen desconocido o dudoso.

La defensa del Estado también enfatiza que el legislador Joaquín Ramírez fue sentenciado en 1998 por el delito contra la fe pública y, por este mismo delito, en agosto de 2014 fue denunciado por la Comunidad Campesina de Chepén, que lo acusó de haberse apropiado de mil hectáreas con documentos falsos a través de su empresa Agroindustrial San José S.A.C.

Por último, en la denuncia interpuesta contra el congresista de Fuerza Popular se hace referencia al registro de diversos viajes, desde el año 2002 hasta el 2014, a países considerados paraísos fiscales, donde suelen constituir empresas ‘off shore’.

El legislador tiene viajes recurrentes a Panamá, Costa Rica y El Salvador. También ingresos a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina y España.

SABÍA QUE

Joaquín Ramírez tiene otra investigación abierta por el caso Burga, en su condición de presidente de los clubes de fútbol profesional Los Caimanes y UTC. La Dirección de Lavado de Activos de la Policía viene realizando diligencias preliminares.

Asimismo, la 26 Fiscalía Provincial Penal se halla indagando los aportes a la campaña fujimorista del año 2011. Entre los investigados figura Joaquín Ramírez. La fiscal de este despacho va a solicitar la acumulación de esta investigación con la seguida a Luis Calle Quirós, quien aportó a la campaña S/.45,625. Fuerza Popular devolvió la donación al denunciarse que Calle estaba investigado por lavado de activos del narcotráfico.

El legislador Joaquín Ramírez respondió a Perú21 –a través de su encargada de prensa– que no va a declarar por el momento y que espera el pronunciamiento de la Fiscalía.

Por: Carlos Neyra (carlos.neyra@peru21.com)