INFORME

Denunciar la discriminación 

aún es muy difícil en el Perú

El Ministerio de Cultura recibió este año 38 reportes y Defensoría 40, pero la mayoría de víctimas no denuncia por vergüenza.

 

Los casos son diversos, pero tienen en común que todos son absurdos y humillantes: un niño afrodescendiente es el centro de las burlas de sus compañeros del colegio que lo comparan con monos o cocodrilos solo por su color de piel; un hombre de rasgos andinos es impedido de entrar en un bar por supuestamente no tener ‘buena presencia’; una mujer que labora como trabajadora del hogar es imposibilitada de usar el ascensor de un edificio en un barrio pudiente porque viste un uniforme; y un joven de rasgos asiáticos es objeto de burlas en una institución pública porque en su foto sus ojos ‘no se ven’. Todos son casos de discriminación.

Bernardo Cáceres, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, indicó que este fenómeno es frecuente en la sociedad peruana. “La discriminación es transversal, múltiple y acompaña a todos los ciudadanos. Más que rasgos físicos, el factor discriminador aquí es cultural o la procedencia de la persona. Por ejemplo, una ciudadana urbana se siente superior a una rural, aunque eso no tenga ninguna razón de ser”, explicó.

Roberto Anguis Fuster, coordinador de la plataforma Alerta Contra el Racismo, dijo que en los tres años de funcionamiento del sistema se han recibido 163 reportes por discriminación, y aunque ello demuestra que la problemática existe, la mayoría de personas aún no expone estas situaciones. “La falta de una cultura de la denuncia hace que no haya más casos. Este año solo llegaron 38 reportes”, indicó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió 58 quejas por discriminación durante 2014 y 40 hasta setiembre de este año. Aunque las quejas atendidas en ambas dependencias fueron por diversos motivos, como indumentaria, orientación sexual, discapacidad, sexo, en su mayoría estos casos está relacionados con trato discriminatorio en el acceso al trabajo, la educación y la salud, y se consideraron fundados.

“El número de quejas, empero, no representa la magnitud del problema porque muchos perciben esta práctica como natural o normal y por ello no lo denuncian. Otros sienten vergüenza o temen represalias y desconfían de las autoridades”, dijo Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

POCOS PROCESOS

Pese a que los casos se presentan casi todos los días, son muy pocas las personas que se animan a denunciar en el Poder Judicial. Desde la incorporación del delito de discriminación en el Perú, en el 2006, se han dictado solo cinco sentencias y la mayoría fue en agravio de personas con discapacidad.

Por eso, la semana pasada sorprendió el caso de Azucena Asunción Algedones, una mujer afroperuana que, cansada de la agresión sistemática que sufría en el trabajo, decidió denunciar a los altos funcionarios de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo y, después de tres años de lucha, logró la primera sentencia por el delito de discriminación racial.

Marco Antonio Ramírez, presidente de la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (Ashanti), explicó que este caso es paradigmático, pues anima a las personas a denunciar y a reconocer su condición étnica. “La mayoría no denuncia por vergüenza. No es bonito aceptar que uno es discriminado por su raza, reconocerlo es un proceso complejo porque duele. Además, la mayoría de personas camufla el racismo y la discriminación con las bromas y piensa que si denuncia es un resentido o acomplejado”, subrayó.

HAY MUCHAS TRABAS

Pero denunciar un acto de discriminación tiene más escollos. Gisella Vignolo indicó que, además de que la mayoría de peruanos no tiene claros sus derechos, en las comisarías los policías no reciben las denuncias y no saben que pueden hacer constataciones. “Pero eso no es todo. Las investigaciones duran demasiado tiempo, tienen un costo que debe ser asumido por el denunciante y pueden causar represalias, sobre todo en el ámbito laboral o educativo”, explicó.

Vignolo agregó que otra traba es la prueba para demostrar que hubo discriminación. “Esto no es fácil, algunos pueden tomar una fotografía o tener un testigo, pero no siempre es así. A veces es la palabra de uno contra otro. Por ello los jueces deben ser muy creativos a la hora de evaluar las denuncias”, sostuvo.

Para contrarrestar esta situación, 101 municipalidades de las 1,342 que existen en el país han emitido ordenanzas contra la discriminación. Sin embargo, aunque hay algunas muy completas que tienen medidas preventivas y sancionadoras, la mayoría de normas no se han implementado adecuadamente.

Ante ello, Vignolo recomendó fortalecer los mecanismos de denuncia para investigar los casos a nivel administrativo y judicial. Asimismo, trabajar en las escuelas para la formación de los niños, como medida de prevención, y empoderar al ciudadano sobre sus derechos. “Además, necesitamos que las sanciones por discriminación o racismo sean ejemplares”, enfatizó.

PIDEN MÁS FACILIDAD PARA DENUNCIAR

Ante lo engorroso que resulta actualmente llevar un caso de discriminación al Poder Judicial, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes propuso que se invierta la carga de la prueba para las denuncias de racismo.

“Hoy en día las personas que denuncian racismo tienen que probar que han sido discriminadas, pero lo que proponemos es que sea el supuesto agresor quien demuestre que no ha discriminado. Esto porque la mayoría de personas que son discriminadas son de escasos recursos”, dijo Marco Antonio Ramírez, presidente de la red.

Por otro lado, Roberto Anguis, coordinador de Alerta Contra el Racismo, indicó que para mejorar el proceso de denuncia, se podría revisar el ejemplo de países como Argentina o México, que han incorporado institutos nacionales contra la discriminación e incluso cuentan con mecanismos de conciliación, previos a la denuncia.

Por Mariella Sausa (msausa@peru21.com)