INVESTIGACION

EL MAL TIEMPO ENTRE COSTURAS

El caso del confeccionista asesino

Sentado en el banquillo de acusados por ser pobre y carecer de conexiones. Un minuto más y moría de asfixia. Un ejemplo de los graves problemas del sistema judicial.

 

El 31 de mayo pasado, el confeccionista Miguel Ángel Mosquera Mosquera, de 31 años, terminó envuelto en una trifulca al final de un partido de fulbito. Fue agredido por Enrique Cajas Olivera, un policía que estaba de franco, a quien decidió denunciar en una comisaría de San Juan de Lurigancho cercana al lugar del pleito. De acuerdo con la denuncia, Mosquera dijo haber recibido golpes de puño en el rostro y en el cuello, además de un botellazo en la cabeza. Antes tuvo una disputa verbal con el agresor. Entrada la noche, cuando ya había proporcionado toda la información y se disponía a retirarse, en la comisaría le dieron una mala noticia: estaba requisitoriado.

ORDEN DE CAPTURA

Su nombre y apellidos figuraban en una base de datos de la comisaría. Aparecía requerido por un juzgado de Junín, como supuesto autor de un homicidio en la provincia de Chanchamayo.

–Imposible –dijo Mosquera–. Yo no conozco Chanchamayo. Pero allí estaban sus nombres y apellidos. El guardia de turno le dijo que tenía que quedarse detenido. Y así fue. Esa noche se la pasó de pie en un calabozo de la DIRINCRI de la avenida Canadá. Había tantos detenidos que no era posible estar en otra posición. Tres días más estuvo allí hasta que lo trasladaron a Huancayo por tierra. Parte de la demora se debió a que no quiso dar el dinero que le solicitaban para trasladarlo al juzgado de La Merced de donde era requerido. ¿Por qué tendría que darles plata a los policías?, se dijo.

En medio de su infortunio, Mosquera se hizo otra reflexión. Si de verdad existía una orden de captura en contra suya porque alguien lo había implicado en un asesinato (evidentemente por error) era mejor afrontarlo de una vez. Así, la detención injusta por lo menos serviría para aclarar las cosas. Eso sí, a costa de tiempo y dinero. Vivía con su  mujer y sus tres hijos en Mirador del Futuro, San Juan de Lurigancho, y su mirada al futuro era convertirse en un próspero confeccionista independiente. Hacía uniformes, ropa de bebés, y, como decía a quien lo escuchara: “ropa interior para damas y caballeros”.

CRIMEN EN TEKILA

Fue trasladado a Huancayo y después a La Merced, cuyo Primer Juzgado Penal había emitido el mandato de detención. Allí se enteró de los hechos. La noche del 15 de noviembre del 2013, el mototaxista Lino Aliaga Villanueva, de 36 años, estaba en la discoteca Tekila de La Merced, junto con su conviviente, Luz García Salazar, y tres amigas más. Tekila es uno de esos lugares de penumbra vaga donde se bebe, se baila, y hay chicas que hacen baile en tubo. Aliaga y su pareja discutieron. El mototaxista, de borrachera turbulenta, se hizo botar por los miembros de seguridad. Los distintos testimonios no logran explicar cómo logró reingresar a la discoteca, donde aún permanecían sus amigas. Coinciden en que aún estaba vivo hacia las dos de la madrugada. A partir de entonces las versiones son imprecisas y contradictorias.

Lo indudable es que Aliaga fue encontrado muerto en la orilla del río Tulumayo, que corre al costado de la discoteca. Tenía el cráneo abollado, un fémur roto, y contusiones por todo el cuerpo. Había sufrido más que una paliza. Lo había golpeado más de un hombre.

La lectura del dictamen fiscal, realizada por la Segunda Fiscalía Superior Mixta de La Merced, recoge testimonios de unas quince personas, entre clientes y trabajadores de Tekila, con quienes Aliaga se lió a golpes. Lo llevaron entre todos al baño de hombres, y de allí salió muerto y empapado en sangre.

UNA PELEA BRUTAL

Al día siguiente había varios trabajadores magullados. Jesús Jara Aguirre presentaba cortes, Jim de la Cruz Reyes y José Povis Hinostroza, diversas contusiones. A ellos les fueron practicados sendos exámenes médicos que confirmaron las heridas. Para los investigadores, las pericias demuestran que hubo una pelea brutal entre Aliaga y una parte del personal de la discoteca. La acusación sindica a cinco personas como autores de la golpiza que terminó en asesinato: los tres nombrados más otros dos. El cuarto es el principal acusado, Jherson Medrano Pariona, administrador de Tekila, sospechoso de ordenar la agresión, la limpieza de la sangre del baño, el traslado del cadáver a orillas del río.

¿El quinto? Nada menos que Miguel Ángel Mosquera, quien jamás había pisado Tekila ni La Merced.

Fue Medrano, incriminado por diversos testigos, quien nombró a Mosquera como un guardián que hacía menos de 24 horas había ingresado a trabajar a Tekila. No mostró documentos ni otra referencia que sus nombres y apellidos. El resto de testigos e incriminados solo se refieren a un tal “Serrano”, ni siquiera como autor de golpes mortales, sino como alguien que reconoció el cadáver al borde del río.  Inventaron a un quinto hombre, a un fantasma, hacia el que se pudieran derivar responsabilidades. Ninguno de ellos reconoce haber agredido a la víctima ni haber recibido golpes de ella. Jara dice que sus heridas se las hizo un gallo de pelea. De la Cruz, que fue atacado por su enamorada. Povis asegura haberse caído. La fiscalía incriminó al fantasma sin ninguna diligencia. El verdadero Mosquera jamás recibió una notificación.

NADIE VERIFICA

El abogado Jorge Cárdenas, asentado en San Ramón, fue designado de oficio para asumir la defensa de Mosquera ante el juzgado de la capital de provincia, porque el confeccionista no podía pagarse un penalista de Lima y llevárselo a Chanchamayo. Allí no conocía a nadie y tampoco tenía presupuesto suficiente. Cárdenas dice haber visto casos peores del mismo tipo de arbitrariedad sostenida en la acusación de alguien que simplemente soltó un nombre,  sin que luego se investigara mínimamente qué persona está detrás de esa identificación, dónde vive, qué estaba haciendo cuando ocurrió el crimen.

–He visto al acusado de violación ante un tribunal, detenido desde hace tiempo,  y a la víctima decir: ¡No, no, él no fue! Mosquera no está detenido. El juez pertinente de La Merced, tras examinar con razonabilidad la acusación, decidió que acudiera en libertad al juicio oral en Chanchamayo. Pero a los jueces no les importa complicarle la vida a un inocente: deciden que vaya a todas las diligencias, como si le sobrara el tiempo y el dinero.  Imelda Tumialán, al servicio de las víctimas de abusos policiales en la Defensoría del Pueblo, tiene a Mosquera bajo su brazo protector. El sistema judicial, arguye, está violando sus derechos humanos:

–Una sospecha debe estar basada en hechos específicos, no en conjeturas abstractas.

ATAQUE DE ASFIXIA

Mosquera debe continuar yendo a las audiencias. Cada viaje –ya diez– representa cuatrocientos soles. Es demasiado para su economía. Para ahorrar, decidió convencer a un chofer de bus que lo dejara ir en el lugar de las maletas, en la parte inferior y cerrada de la carrocería. Meter a un ser viviente en esta especie de ataúd  no solo está prohibido sino que es altamente peligroso. Aunque hay animales que sobreviven.

En medio camino a Huancayo  Miguel Ángel Mosquera sintió que el aire le faltaba. Al comienzo era una sensación angustiosa, pero con el paso de los minutos se convenció de que se asfixiaba y empezó a patear desesperadamente las paredes de su jaula. El chofer no escuchó. Sintió que estaba próximo al desvanecimiento. No recuerda bien el  momento en que el bus paró y fue abierto el compartimento de equipajes. Según le contaron después, lucía de un color morado. Se dio cuenta de que le había faltado poco para morir.

Ricardo Uceda – La República