UNIVERSIDAD

El camino empedrado de la Ley Universitaria

Proceso. Actuales rectores y la SUNEDU están en fuerte pugna por aplicar la reforma. El 31 de diciembre vence el plazo para que las universidades se adecúen a la ley. Habrá fuertes sanciones.

 

En la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna la implementación de la Ley Universitaria —promulgada hace más de un año— avanza en medio de enfrentamientos. Los docentes Cristóbal Laura y Edilberto Mamani se proclaman presidentes de la Asamblea Universitaria Estatutaria y, respaldados por facciones de esa instancia, aprobaron dos estatutos universitarios en setiembre pasado, como parte de la reforma de la educación superior que se pretende llevar a nivel nacional con dicha ley.

Cristóbal Laura fue electo como presidente de la asamblea en el 2014 y Edilberto Mamani era su vicepresidente. Este año, la asamblea se dividió en dos grupos por discrepancias entre sus miembros, y uno de estos bandos nombró a Mamani (aliado del rector Miguel Ángel Larrea) como nuevo presidente de la asamblea. Por su parte, Laura goza del reconocimiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el apoyo de 13 asambleistas.

Este semana, la Asociación de Universidades Peruanas (ASUP) denunció este hecho y acusó a la SUNEDU de estar detrás de este fraccionamiento.

"La SUNEDU, junto con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso (Daniel Mora), ha intervenido en la juramentación de autoridades electas de manera irregular: han impuesto a autoridades de manera ilegal en contra de lo que dictaminan los Estatutos Universitarios y la propia Ley 30220", publicó la ASUP mediante un comunicado.

El congresista Daniel Mora, impulsor de la Ley Universitaria, desestima las acusaciones y señala que se trata de 'gritos desesperados' de quienes pretenden perpetuarse en el cargo frente a una ley que exige la renovación obligatoria de los altos mandos universitarios a más tardar el 31 de diciembre.

"Quieren hacer creer al resto que ellos son indispensables y que van a llevar su universidad a la cúspide de la calidad, cuando lo único que quieren es lucrarla y no quieren dejar la 'mamadera'", responde el parlamentario.

Tamaña resistencia en la universidad Jorge Basadre es un buen ejemplo de lo que se juega, no solo a nivel educativo. Este centro de estudios es uno de los que cuenta con mayor presupuesto en el país por las ingentes transferencias del canon minero. De acuerdo a autoridades locales, a la fecha, la universidad tacneña tiene en sus cuentas alrededor de 100 millones de soles por canon.

Mora indica que este mismo 'entornillamiento' se produce en la Universidad San Marcos,  debido a las grandes recaudaciones que obtiene este centro de estudios dirigidos por el rector Pedro Cotillo, quien se ha alzado como uno de los más reacios a la nueva Ley Universitaria.

"Esta ley no busca reformar sino controlar politicamente el desarrollo de las universidades públicas, ahora, y luego el de las privadas", critica Cotillo.

Iván Rodríguez, vicepresidente de ASUP, y rector de la universidad Ricardo Palma, responde que Mora no logra entender la 'tradición de lo que es una universidad'. Argumenta: "San Marcos es emblemática. Puede haber una parte económica, pero no es lo definitivo sino que las sociedades deben tener sus universidades que deben ser instituciones de libertad: eso es autonomía".

¿AUTONÓMIA O SUMISIÓN?

La autonomía es uno de los puntos de mayor fricción por parte de la asociación de universidades y la SUNEDU. El ex ministro de Salud y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Luis Solari, indica que rasgos de autoritarismo se revelan en varios artículos de la controvertida ley. Entre ellos  el concluir los mandatos de las autoridades electas, impedir ejercer docencia a personas mayores de 70 años, la imposición del voto universal que, asegura Solari, convierte a la universidad en caldo de cultivo para intereses políticos.

"Se pretende convertir a la universidad en un politécnico: modelo que se busca imponer en el Perú. Eso quiebra la pluralidad educativa esencial en una democracia", dice Solari.

El constitucionalista Enrique Bernales no le ve futuro a la nueva Ley Universitaria, ya que solo a lo largo del siglo XX existieron 11 predecesoras que tuvieron poco éxito y duración debido los intereses de los gobiernos de turno. Ademas, continúa, siempre existió la falsa creencia de que con la creación de nuevas leyes se resolverían los problemas de la educación superior universitaria. "Y eso es falso", añade.

Según Bernales la ley presenta 'gravísimas contradicciones'. "Tiene aspectos inconstitucionales contradiciendo, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución sobre la autonomía universitaria".

Además, continúa, la propia ley indica que la autoridad no recae, en realidad, sobre la SUNEDU sino en el Ministerio de Educación: "En el artículo 15, inciso 15, SUNEDU propone al Ministerio todas las normas relativas a las políticas y lineamientos respecto a la vida en la universidad".

Daniel Mora lanza una carcajada al conocer ambas declaraciones. Asegura que la autonomía que tanto reclaman se encuentra en la libertad que tienen las autoridades universitarias de elaborar su propio estatuto, tal como lo determina la ley.

"Ninguna otra ley les ha dado a las universidades tanta autonomía: ellos pueden decidir qué carreras ofrecer, cómo reformular sus facultades, qué profesores de 70 años se quedan, etc. La SUNEDU solo se encarga de velar por la calidad educativa y que se cumpla las leyes...  nada más", responde el congresista.

HAY MÁS PUGNAS

Sin embargo, no solo en la universidad Jorge Basadre se genera fuerte resistencia a la reforma, sino también en otros puntos del país. En la Universidad Nacional de Cajamarca la ley es letra muerta, debido a los esfuerzos del actual rector, Roberto Mosqueira Ramírez, por entornillarse en el poder.

Mosqueira en un inicio brindó todas las “facilidades” para que se instale la Asamblea Estatutaria, donde destaca Iván León Castro, afín al ex rector Angelmiro Montoya, principal opositor del rector.

Después, Mosqueira y León se enfrascaron en una abierta campaña de desprestigio personal, que alcanzó su máxima expresión cuando León mandó a publicar los estatutos en un periódico local por una cantidad de más de S/. 128 mil, que el rector no reconoce. Hasta la fecha es uno de los detonantes para que la paz no retorne a los claustros universitarios.

En este tiempo que debía implementarse la Ley en la Ciudad Universitaria se produjo el incendio de un auditórium, la aparición de pintas subversivas, la soldadura de portones para evitar ingresen los estudiantes en nuevas elecciones.

En tanto, en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Chiclayo, dos grupos siguen pugnando por legitimidad. Ambos, las autoridades y docentes (en su mayoría de la  Federación de Docentes de la Universidad), han emitido opiniones distintas sobre el cumplimiento de la implementación de esta normativa.

Mientras que las autoridades universitarias consideran que han cumplido con los procesos establecidos en la ley, la SUNEDU ha solicitado la conformación de un nuevo Comité Especial Universitario Transitorio, y la nueva elección de la Asamblea Estatutaria y de todo el proceso, luego que considerara que la realizada por las actuales autoridades no se hizo con los docentes adecuados.

La adecuación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no ha avanzado mucho debido a un obstáculo judicial. Es posible que no cumpla antes del 31 de diciembre.

No obstante, no correspondería que la universidad sea castigada pues, se asegura, un agente externo -el Poder Judicial- impide se apruebe el estatuto. Mientras no se adecúe, no se pueden dar procesos de nombramiento y ascensos. Pero sí se puede contratar docentes. Las jubilaciones también continúan.

Lorena Masías, titular de SUNEDU, indica que las universidades que hasta diciembre no se adecúen a la ley recibirán sanciones de hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias que equivalen a 1 millón 155 mil soles. El tiempo se va acabando. La paciencia también.

Ayacucho, Iquitos y Piura: 
avanzan los cambios, pese a resistencias

Uno de los claustros que lidera la implementación de la norma es la Universidad Nacional de Huamanga. Lo asegura su rector Homero Ango. “A nivel nacional, somos 9 las universidades que nos hemos adecuado a la ley”. Enumera que ya se tiene autoridades, a excepción de dos decanos. Y se está garantizando la plana docente, en planilla. Se ha ingresado también al marco de Servir. "La ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla”, señala.

El dirigente de la UNSCH, Jhon Crespo, dijo que si bien esta ley es buena no permite a las organizaciones de estudiantes reclamar falencias dentro de la universidad.

En Iquitos, en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, tras ser elegido rector Rodil Tello, ya se conformó una Comisión que viene adecuando el Estatuto.

En esta región, las universidades privadas indican que hay una diferencia con las universidades públicas, y la ley solo les exige adecuar sus estatutos.

En Piura, la Universidad Nacional (UNP) ya juramentó a los miembros de la asamblea, además se designó a Dennys Silva como defensor universitario. Avanza con el proceso, pero el jefe de imagen Miguel Godos mostró preocupación por las medidas legales que algunos decanos interpondrán, pues no están de acuerdo con el cronograma de elecciones que plantea la ley.

ENFOQUE

Idel Vexler - Experto en educación

“Busquemos puntos de encuentro”

A un año de la aplicación de la ley lo que se observa es que este organismo (el Sunedu) muestra una total dependencia del Ministerio de Educación y lo único que se conoce son su decisiones punitivas y de sanción. Esto hace que exista una falta de encuentro entre la comunidad universitaria y la SUNEDU para avanzar en una reforma profunda.

Por eso no hay ninguna acción orientada a fortalecer el talento docente investigativo. No ha habido mayor dotacion de recursos para resolver problemas de infraestructura.

No hay todavía acciones destinadas a fortalecer la  gobernanza en un marco de autonomía y de eficacia. Hay que buscar ese encuentro de la comunidad universitaria y para ello, no se puede satanizar a todos los rectores, a todas las universidades.

En cuanto a inversión, no puede ser posible que el Estado invierta 850 millones de soles en Beca 18, y para todas las universidades del país solo 2350 millones ¡Así no puede haber reforma universitaria! Tiene que aumentarse el presupuesto. Finalmente, no basta con mejorar solo la calidad de la educación universitaria sin mejorar la calidad de todo el sistema.

Me extraña mucho que el Ministerio de Educación promueva solo la acreditación de la calidad de la educación superior y no de la educación básica que es el sustento del desarrollo social de las propias personas.

EN CIFRAS

16 universidades nacionales, están en etapa de renovación de autoridades.

 80% de las universidades privadas ya iniciaron la elaboración de su estatuto.

CLAVES

"Debemos saber quiénes están en contra de que se supervise a las universidades. ¿A qué intereses representan?", criticó Humala en referencia a los congresistas que presentaron proyectos contra la Ley Universitaria, como Martha Chávez.